El juzgado de primera instancia número 1 de Blanes ha detenido el proceso de desahucio de un matrimonio que habría sido estafado presuntamente por un abogado y un notario, que se apropiaron de manera ilícita del apartamento de las víctimas, situado en el edificio Fragata de la urbanización Cala Salions, de Tossa de Mar. A raíz de los hechos, presentaron una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Girona, en marzo pasado. El suceso se remonta a principios del 2013, cuando el hijo del matrimonio y su pareja querían pedir un préstamo de unos 36.000 euros. Como tenían previsto casarse, pretendían destinar una parte del dinero en el enlace y otra a arreglar el inmueble de Tossa. El hijo de los afectados buscó entonces por internet un letrado que les ayudara a gestionar la solicitud del crédito. Encontró información de un abogado que tiene el despacho en Sant Cugat del Vallès y se puso en contacto. Para llevar adelante los trámites, el letrado le especificó a qué notaría de Barcelona debía acudir y le indicó que fuera acompañado de sus padres.
La primera visita al notario era, teóricamente, para firmar unos poderes de los progenitores a favor del hijo, para arreglar los papeles del préstamo y para inscribir el domicilio de Tossa al registro de la propiedad de Lloret de Mar, ya que el abogado les comentó que había comprobado por internet que la vivienda no estaba registrado. Con todo, dio a la familia varios documentos para que los firmaran. Tanto los padres, que son analfabetos, como el hijo, los firmaron confiando en el letrado y creyendo en todo momento que lo que estaban firmando eran unos papeles para conseguir el crédito hipotecario. Posteriormente, sin embargo, sabian que lo que habían rubricado era una escritura de compraventa de su apartamento por 36.000 euros, a favor de una sociedad, propiedad del letrado. A raíz del grave perjuicio, contactaron con la abogada Anna Torroella, que se ha hecho cargo del asunto y ha conseguido frenar por ahora la orden de desahucio de la familia. Torroella lamenta que el abogado inició incluso un proceso para echar a sus clientes del domicilio. El hijo, además, recibió llamadas del letrado, que le exigía 60.000 euros si querían evitar el desahucio y recuperar el piso. Debido al modus operandi, de hecho, lo acusan de los delitos de deslealtad profesional, estafa, apropiación indebida y amenazas.
Unos 50 perjudicadosLa Guardia Civil hizo llegar el caso a los juzgados de Blanes. Desde aquí, se derivó al juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, ya que los hechos sucedieron en una notaría de la capital catalana. Es probable, sin embargo, que la causa termine adjuntando a otra que se lleva desde el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona. En este órgano están recayó una investigación de los Mossos, que en julio desarticularon una banda criminal que habría estafado más de una cincuentena de personas. La red estaba especializada en engañar ancianos para apropiarse sus inmuebles. La policía imputó 9 personas y detuvo 10, entre las cuales, el notario y el abogado. Aparte, debido al perjuicio patrimonial sufrido por la familia de Tossa, Torroella ha presentado una demanda civil en los juzgados de Rubí, que lo han admitido a trámite. Por lo tanto, desde los juzgados de Blanes se ha ordenado que los acusados no puedan disponer del apartamento hasta que no se resuelva la demanda civil y la penal que pesan sobre ellos y se determine, como consecuencia, si actuaron de manera fraudulento.